La delgada línea entre los negocios privados, el empleo estatal y el favoritismo político vuelve a tener como protagonista a Mario Marcelo Moreno, quien fue funcionario del exintendente y actual ministro de Interior, Darío Monteros (ocupando el cargo de secretario de Seguridad de la Banda del Río Salí) y actual Gerente General del Hipódromo de Tucumán, se encuentra en el centro de la escena pública.
Detrás de su figura y de las recientes acusaciones en su contra, la verdad judicial acaba de revelar un entramado escandaloso: una histórica condena de más de 51 millones de pesos por fraude laboral y despido arbitrario que recayó sobre su empresa familiar, Limpieza en General SILTUC S.R.L.
La denuncia penal y la realidad judicial
El conflicto estalló en septiembre de 2024 cuando Ramón Ángel Gómez, empleado de SILTUC desde 2005, denunció haber sido amenazado tras negarse a firmar un retiro voluntario por la irrisoria suma de cuatro millones de pesos, luego de casi veinte años de servicio. Según el relato del trabajador, Moreno sacó un arma de fuego para amedrentarlo durante una reunión en la que también participaba su esposa, Miriam Roxana Araoz.
En junio de 2026, la jueza laboral aclaró que no se pudo acreditar la existencia de la amenaza armada, limitándose a plasmar la versión del empleado pero sin consecuencias penales comprobadas.
Condena por despido injustificado y precariedad extrema
Donde la Justicia sí fue implacable fue en el fuero laboral. Tras el altercado inicial, la empresa despidió a Gómez alegando un falso abandono de trabajo. La jueza desarmó esta coartada patronal y condenó a SILTUC S.R.L. a pagar casi 52 millones de pesos en concepto de indemnizaciones y diferencias salariales. Durante el juicio, salieron a la luz los profundos mecanismos de precarización implementados por la familia Moreno.
La empresa afirmaba en sus registros que el empleado trabajaba media jornada para justificar sueldos miserables, pero los testimonios y pruebas demostraron que cumplía jornadas completas en diferentes firmas contratistas. Sumado a esto, el expediente expuso un grave abuso de poder, ya que Moreno y su esposa obligaban al trabajador a realizar tareas de jardinería y mantenimiento forzado en sus viviendas particulares, pagándole únicamente su magro sueldo comercial.
La jugada legal para salvar el patrimonio personal
A pesar de la contundencia del fallo laboral, la condena recayó exclusivamente sobre la empresa de limpieza. La Justicia rechazó extender la responsabilidad civil a Moreno y Araoz de forma individual. Al estar la firma legalmente constituida como una sociedad comercial, ambos empresarios lograron sortear el impacto económico en sus bolsillos personales. De esta forma, toda la inmensa carga económica de la sentencia quedó concentrada en el patrimonio de la sociedad, blindando las finanzas privadas de la pareja.
El premio político y los contratos millonarios
El perfil corporativo irregular de Moreno contrasta de manera grosera con sus privilegios en la esfera estatal. Mientras su principal empresa enfrentaba el juicio por despido, la familia expandió sus negocios de seguridad privada a través de una nueva consultora creada por su esposa y su hija. La ruta de los favores políticos resulta alarmante. En febrero de 2026, Moreno asumió como asesor en la intervención de la Caja Popular de Ahorros y, apenas días después, la entidad le otorgó a la empresa de su familia un millonario contrato de seguridad nocturna bajo un dudoso mecanismo de necesidad y urgencia.
A través de esta cuestionada maniobra, la firma de seguridad recibió más de 335 millones de pesos del Estado en apenas unos meses. Como coronación de este esquema, en medio del ruido judicial por el fraude laboral en su empresa de limpieza, el Gobierno provincial redobló la apuesta y lo designó oficialmente como Gerente General del Hipódromo de Tucumán.
El caso termina por exponer las asimetrías de poder de la provincia, demostrando que mientras un trabajador debe litigar durante años por sus derechos tras dos décadas de precarización, los «empresarios» cobijados por el poder político logran esquivar las condenas personales y continúan acumulando cargos públicos y contrataciones millonarias. /enteratenoticias
