A varios días de la explosión que sacudió el edificio ubicado en calle Monteagudo 120, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, las familias que vivían allí continúan atravesando una situación de profunda incertidumbre. Sin una fecha definida para regresar a sus departamentos, muchos permanecen alojados en casas de familiares, amigos o en hoteles, mientras reclaman respuestas concretas sobre el futuro del inmueble y las condiciones en las que podrán retomar sus vidas.
El drama cotidiano quedó reflejado en el testimonio de Carolina Ayala, una de las residentes del edificio, quien explicó que desde el día de la explosión no pudo volver a establecerse en un lugar fijo. La joven, oriunda del interior de Tucumán y estudiante universitaria, vivía en el inmueble desde abril y aseguró que la situación le resulta especialmente difícil porque no cuenta con familiares cercanos en la capital.
«Dentro de todo me afecta un poco más porque tengo lejos mi casa. No tengo un lugar fijo donde quedarme», relató. También explicó que algunos vecinos fueron alojados en un hotel por intermedio de la inmobiliaria, mientras que otros debieron resolver la situación por sus propios medios.
Durante las últimas horas, varios propietarios e inquilinos pudieron ingresar brevemente para retirar pertenencias. Si bien el servicio de agua y el suministro eléctrico comenzaron a restablecerse, remarcan que el edificio todavía está lejos de encontrarse en condiciones normales de habitabilidad.
El principal inconveniente continúa siendo el servicio de gas, cuya reconexión no tiene fecha confirmada.
La incertidumbre también alcanza al impacto económico que tendrá la utilización permanente de artefactos eléctricos para reemplazar aquellos que funcionan a gas. Los vecinos temen que esa situación derive en un importante incremento en las facturas de energía, además de generar nuevos problemas de seguridad.
A la preocupación por los servicios se sumó otro problema inesperado. Residentes del edificio denunciaron que durante los días posteriores a la evacuación se produjeron ingresos al inmueble y detectaron la desaparición de distintos objetos personales. Según señalaron, algunas puertas fueron forzadas y varios departamentos, especialmente los ubicados en el tercer piso, registraron faltantes de electrodomésticos y otras pertenencias.
Frente a esa situación, los propios vecinos comenzaron a organizarse para dejar constancia del estado de cada vivienda y registrar los bienes que permanecen en el interior, con el objetivo de contar con documentación ante cualquier eventual reclamo.
Sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, la principal preocupación continúa siendo la seguridad del edificio. Los damnificados sostienen que no están dispuestos a regresar hasta tener garantías de que la estructura no representa ningún riesgo.
Mientras tanto, las tareas de reparación avanzan lentamente. Según la información que recibieron de la administración y de la inmobiliaria, existe la posibilidad de que algunos residentes puedan volver en aproximadamente una semana únicamente con los servicios de agua y electricidad restablecidos, aunque el restablecimiento del gas demandaría un plazo considerablemente mayor. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre esa posibilidad.
La situación también abrió interrogantes respecto de los contratos de alquiler. Los vecinos analizan de qué manera se resolverán los pagos correspondientes al tiempo en que los departamentos permanecen inhabitables y si corresponderá algún tipo de reducción o compensación mientras no puedan utilizar las viviendas. Esa cuestión forma parte de los planteos que los residentes pretenden realizar de manera conjunta mediante una nota dirigida a las autoridades y a los responsables del edificio.
Paralelamente, la investigación judicial continúa avanzando para determinar qué originó la explosión y establecer si existieron irregularidades que pudieran haber contribuido al siniestro. En ese marco trascendió que el edificio arrastraría antecedentes desde hace más de dos décadas por observaciones vinculadas a modificaciones estructurales y cuestiones de seguridad. Entre ellas figuran cambios en balcones, ampliaciones, alteraciones en ascensores e incluso la construcción de un octavo piso que no habría contado con las autorizaciones correspondientes.
La documentación incorporada a la causa también indica que en 2018 el inmueble figuraba entre aquellos que estaban habitados sin contar con el certificado final de obra ni la habilitación definitiva, un aspecto que ahora forma parte de las actuaciones judiciales y administrativas abiertas tras la tragedia.
Mientras las pericias continúan y las responsabilidades comienzan a investigarse, decenas de familias siguen sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares. Para los vecinos, la prioridad es recuperar la normalidad, pero únicamente cuando existan garantías de seguridad y respuestas claras sobre el futuro del edificio.
