El municipio capitalino solicitó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Tucumán un informe detallado sobre los trabajadores de las líneas urbanas que fueron suspendidos por las empresas nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).
La medida empresarial, implementada la semana pasada, derivó en un paro de actividades que dejó sin servicio a miles de usuarios durante el jueves y viernes.
El pedido fue realizado a través de una nota firmada por el secretario general municipal, Rodrigo Gomez Tortosa, quien requirió al gremio “remitir informe detallado respecto a cada uno de los trabajadores afectados por la medida de suspensión llevada a cabo por la AETAT, como así también copia de los telegramas mediante los cuales se los notificó de la mencionada medida”.
En el escrito oficial, Gomez Tortosa remarcó que el objetivo del Municipio es verificar si los empresarios actuaron conforme a la normativa vigente al disponer las suspensiones.
En respuesta, el secretario general de la UTA Tucumán, César González, remitió el informe requerido, en el que el gremio confirmó que 117 trabajadores fueron notificados de la suspensión de sus contratos laborales por parte de las empresas prestatarias del servicio urbano. “Ponemos en su conocimiento que esta entidad sindical ha tomado conocimiento de las comunicaciones cursadas a través de los trabajadores afectados, los cuales ascienden a 117, quienes fueron notificados de la suspensión de su contrato de trabajo por parte de sus respectivos empleadores mediante nota y/o carta documento”, señaló González en la nota enviada este lunes al Municipio.
El dirigente gremial agregó que las copias de las notificaciones fueron adjuntadas al informe y que la organización sindical “ratifica su disposición a brindar la colaboración requerida” por las autoridades municipales.
La Municipalidad busca determinar si la decisión empresaria se ajustó al marco legal laboral y si los argumentos esgrimidos —relacionados con la crisis del sector y la falta de respuesta del poder concedente— son válidos para justificar las suspensiones sin salario.
