La estructura de las fuerzas de seguridad nacionales afronta una profunda crisis institucional tras detectarse un presunto esquema de recaudación ilícita en el norte del país. El juez federal N.º 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, ordenó un exhaustivo allanamiento en las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones de la delegación Tucumán de la Policía Federal Argentina. Las medidas buscan esclarecer la presunta exigencia de dádivas para liberar corredores viales al comercio ilegal.
Requisa en calle Laprida y secuestro de material operativo
Por un lado, el procedimiento en el edificio céntrico de San Miguel de Tucumán fue ejecutado por personal de Gendarmería Nacional.
Las tripulaciones de la fuerza federal ingresaron a las oficinas ubicadas sobre calle Laprida para incautar documentación considerada de vital interés para el expediente criminal. Los investigadores secuestraron planillas oficiales y registros de movimientos internos que permitirán cotejar las directivas impartidas durante las jornadas bajo sospecha.
Se incautaron el libro oficial de servicio y el libro del sargento de guardia.
Además, se secuestraron los partes informativos vinculados a los retenes en las rutas. Las tripulaciones retiraron el estado de cuarto y el libro de brigada de la delegación.
Todo el material probatorio quedó a disposición de los especialistas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, quienes analizarán las especificaciones técnicas para reconstruir los movimientos de las patrullas involucradas.
Desplazamientos jerárquicos y la ruta del contrabando
Las planillas judiciales investigan de forma directa a siete policías federales tucumanos acusados de exigir pagos ilegales a coordinadores de tours de compras y bagayeros. La maniobra delictiva consistía en omitir las fiscalizaciones mecánicas y aduaneras en la zona de Rapelli, provincia de Santiago del Estero, un enclave geográfico considerado estratégico para el tránsito de mercadería ilegal procedente de la frontera norte de la República Argentina.
En paralelo al proceso penal, las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina dispusieron severas sanciones administrativas. La jefatura ordenó el desplazamiento de sus cargos y el pase a disponibilidad del jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y de la jefa de la DUOF Tucumán. De este modo, la cúpula de la fuerza busca deslindar responsabilidades institucionales mientras los peritos determinan el nivel de participación o negligencia de los altos mandos civiles y policiales en las planillas de operaciones de la delegación.
