Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en Tucumán había un antecedente que el fallo vino a cerrar, al menos en esta etapa: la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT) había sido el primer gremio del país en presentar un amparo colectivo específico contra el Decreto 759/2025, que el Poder Ejecutivo utilizó para promulgar la ley pero suspender su aplicación.
La acción fue presentada el 29 de octubre de 2025 ante el Juzgado Federal de Tucumán a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, con el patrocinio del abogado Manuel Casas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades nacionales, presentó su propia acción una semana después.
El trámite tucumano, sin embargo, no siguió el curso esperado. El fiscal interviniente dictaminó a favor del dictado de la medida cautelar, pero el juez Díaz Martínez demoró aproximadamente mes y medio en registrar el expediente. Para entonces, el proceso radicado en Buenos Aires ya había sido registrado primero, lo que determinó la competencia: en el sistema de amparos colectivos, el juez que registra primero es quien sustancia el proceso. El expediente tucumano fue remitido a la Capital Federal, donde quedó bajo la órbita del juez Diego Martín Cormick.
Fue Cormick quien otorgó la medida cautelar que obliga al cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley -actualización salarial retroactiva desde diciembre de 2023 e incremento de las becas Progresar-, cuya confirmación llegó este jueves desde la Corte Suprema al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
En el proceso que se sustancia en Buenos Aires confluyen hoy todos los actores, inclusive Apunt. La decisión de fondo -si el decreto presidencial que suspendió la ejecución de una ley sancionada y sostenida por el Congreso es o no constitucional- sigue pendiente de resolución por parte del juez Cormick.
APUNT representa a aproximadamente 2.900 trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Tucumán. Según consta en el escrito de amparo, gran parte de ese personal percibe salarios por debajo de la línea de pobreza desde que el actual gobierno asumió en diciembre de 2023.
