La reciente iniciativa del Poder Ejecutivo de convocar a gremios y cámaras empresarias con el fin de rediscutir más de un centenar de convenios colectivos de trabajo —al amparo de la nueva reforma laboral— ha desatado un debate de fondo sobre el futuro de las relaciones laborales en el país.
El escenario real expone profundas resistencias internas y el temor generalizado a que la pérdida de los marcos regulatorios nacionales fracture la paz social e incremente la asimetría en el entramado de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Históricamente, la negociación colectiva centralizada operó en el mercado argentino como un mecanismo homogeneizador y de previsibilidad. Al fijar techos y pisos salariales a través de federaciones y cámaras de alcance federal, el sistema resguardaba a las empresas menores de la necesidad de dirimir disputas salariales en el plano doméstico. La propuesta oficial de atomizar este esquema, derivando la discusión hacia un modelo de negociación directa «empleador-trabajador» o por unidad de negocio, amenaza con romper ese histórico equilibrio.
La advertencia del sector mercantil frente al proyecto oficial explicita una realidad incómoda para los teóricos de la flexibilización absoluta: gran parte del empresariado local no desea la atomización del régimen paritario. Al respecto, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), reveló que hasta el momento las cámaras no han recibido «ninguna citación» formal para iniciar dicho proceso, al tiempo que advirtió sobre la extrema complejidad de la medida.
Mario Grinman. Camara Argentina de Comercio y Servicios.
Grinman recordó que esta situación ya había sido anticipada por el sector privado durante el tratamiento legislativo de las modificaciones laborales. Según explicó el dirigente, la idea de forzar una negociación directa en cada lugar de trabajo genera un fuerte rechazo en el ecosistema corporativo:
«Muchas empresas no querían saber de negociar directamente empleador-trabajador; se sentían y se sienten mucho más cómodas con la paritaria nacional, con el paraguas de la Federación nacional y de las cámaras nacionales, y no enfrentar a sus trabajadores que, generalmente con toda razón, quieren el mayor salario posible», sentenció Grinman.
Para el titular de la CAC, el traslado de la puja distributiva al interior de cada establecimiento comercial o industrial desprovisto de una referencia macro genera un escenario de alta vulnerabilidad. Lejos de actuar como un factor de moderación de los costos laborales, Grinman advirtió que la obligatoriedad de la negociación directa «indudablemente puede terminar en conflictos y no le asegura un salario a la baja», motivo por el cual justificó la postura de su sector: «Por eso nosotros estábamos defendiendo la continuidad de la paritaria nacional, así que vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro».
Milei, Caputo, Stuzeneger y Cordero
Frente al diagnóstico oficial que cataloga de «obsoletos» a los convenios de la década de 1970, el análisis sectorial demuestra que las estructuras normativas no permanecen necesariamente estáticas. El caso del Convenio Colectivo 130/75, que rige la actividad mercantil, sirve como ejemplo de adaptabilidad mediante el acuerdo de partes.
En ese sentido, Mario Grinman buscó llevar tranquilidad respecto de la situación particular del sector que representa, desmitificando la idea de que los convenios vigentes carecen de actualización. «Con respecto a la renegociación de los convenios, nuestro convenio es el 130/75 y lo renegociamos permanentemente. Nos ponemos de acuerdo entre el sector trabajador y nosotros, las cámaras empresarias, en paritarias, y cada vez que nos reunimos lo renegociamos permanentemente. Así que en eso no nos preocupa», detalló.
El grupo de los seis.
Sin embargo, el foco de preocupación real de los empresarios se desplaza ahora hacia el rol regulatorio que asumirá el Estado. Para el dirigente, el verdadero punto crítico se manifestará al momento de la convalidación de los acuerdos por parte de las autoridades políticas, alertando sobre la «excesiva discrecionalidad que tendría la Secretaría de Trabajo cuando llega al momento de homologar». Existe el temor de que el control estatal pueda ser utilizado de forma arbitraria para dilatar o rechazar convenios legítimos alcanzados por las partes en pos de objetivos fiscales o macroeconómicos de desindexación.
Si bien las grandes corporaciones cuentan con estructuras legales, gerencias de recursos humanos y holgura financiera para lidiar con negociaciones descentralizadas, las declaraciones de Grinman exponen un panorama de extrema indefensión para el universo PyME bajo este nuevo paradigma. La eliminación de los marcos nacionales afecta de manera directa la sustentabilidad y equidad competitiva en este estrato, una estructura de 10 o 15 empleados carece de departamentos técnicos. El titular de la firma queda expuesto a una fricción directa y diaria con su personal, erosionando el clima laboral de cercanía característico de estas unidades.
La atomización debilita a la micro y pequeña empresa. Una PyME aislada carece de la capacidad de negociación o el poder de lobby necesario para contener las demandas de sindicatos nacionales si estos deciden ejercer presión de manera focalizada planta por planta.
La descentralización introduce el riesgo de «dumping social».
Si empresas competidoras directas del mismo rubro pactan convenios heterogéneos según la región o su correlación de fuerzas local, se destruye el piso mínimo de competencia leal, perjudicando a aquellas radicadas en zonas con mayores costos estructurales o menor margen de maniobra.
Informalidad laboral: El efecto de expulsión.
El impacto de una reconfiguración forzada de los convenios tradicionales amenaza con agudizar las brechas en los sectores productivos que exhiben índices estructurales de informalidad laboral, tales como el comercio minorista, la construcción o el sector agropecuario de menor escala. En lugar de propiciar la regularización del empleo, la excesiva complejidad de negociar convenios específicos puede funcionar como un incentivo perverso para la exclusión del sistema formal.
La perspectiva de un esquema paritario fragmentado abre las puertas a un mercado de trabajo de «dos velocidades». Por un lado, aquellos gremios de alta concentración y peso estratégico (bancarios, aceiteros, camioneros) conservarán la capacidad de sostener o mejorar sustancialmente sus condiciones de contratación. Por el otro, los trabajadores pertenecientes a actividades con menores márgenes de rentabilidad quedarán sujetos a convenios atomizados a la baja, ampliándose la distancia socioeconómica entre los núcleos formalizados del sistema y los sectores más precarizados.
Ante la falta de certidumbre respecto de los criterios de homologación oficial y frente a la erosión de las paritarias de alcance nacional, las PyMEs se enfrentan a la encrucijada de resistir la presión gremial directa o bien deslizarse hacia la marginalidad contractual, utilizando esquemas de contratación grises como el monotributo forzado. De este modo, la reforma que pretendía dinamizar las relaciones del trabajo arriesga consolidar un escenario de creciente fragmentación productiva y conflictividad latente.
