Un caso de abusos sexuales sistemáticos contra una niña de 12 años, que resultó en un embarazo avanzado de 29 semanas, generó profunda conmoción e indignación en la comunidad de Pellegrini, Santiago de Estero, ante las graves denuncias de desprotección por parte de las instituciones que debían resguardar su integridad.
La menor llegó al Hospital Zonal acompañada de su madre por molestias estomacales.
Durante la atención, un licenciado en obstetricia detectó la gestación avanzada, lo que activó de inmediato los protocolos sanitarios y policiales, derivando en la apertura de una investigación penal.
La causa está a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, encabezada por la fiscal Natalia Malachevski. Las principales hipótesis apuntan a una red de abusos intrafamiliares.
Según la pesquisa, el padrastro de la víctima, identificado como “Tipo” Gambarte (o “Tipo” G.), su hermano César G. y un sobrino de ambos, Juan G., serían los responsables directos de los ataques reiterados, aprovechando la vulnerabilidad del núcleo familiar.
La denuncia formal fue radicada por la abuela materna de la niña, una mujer de 59 años.
Cuatro años atrás, esta mismo familiar ya había alertado a la Justicia solicitando que se retirara la tenencia de sus tres nietos (dos niñas y un varón) a su hija, advirtiendo sobre graves malos tratos físicos por parte del padrastro.
Sin embargo, las autoridades judiciales y policiales de entonces desestimaron la presentación, descalificando a la denunciante y sosteniendo que los menores se encontraban en “perfecto estado de salud”.
Ante el nuevo escenario, la abuela amplió su denuncia e imputó directamente a su propia hija por presunta complicidad, al considerar que estaba al tanto de los abusos y no intervino para proteger a sus hijos. Con el respaldo de testimonios médicos, la mujer identificó con nombre y apellido a los tres presuntos agresores.
Juan G., uno de los señalados, registra antecedentes judiciales previos por delitos de índole sexual. Tras confirmarse el embarazo y conocerse la denuncia, este sospechoso se dio a la fuga, por lo que se desplegó un operativo policial para su captura. La fiscal Malachevski dispuso la detención urgente del menor de los acusados, quien al momento permanecía prófugo.
En un tramo clave de la denuncia, la abuela relató que el pasado 27 de mayo conversó con uno de los hermanos menores de la víctima. El niño le confió que su hermana le había revelado los hechos: el padrastro “Tipo” Gambarte la enviaba sistemáticamente a moler maíz en un sector apartado de la vivienda para cometer los abusos sexuales, utilizando la rutina doméstica como pantalla y manteniendo el silencio mediante intimidación.
Ante la gravedad del caso, la jueza ordenó el traslado inmediato de la menor al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) para la realización de exámenes médicos forenses y la provisión de asistencia psicológica especializada.
Sin embargo, tras recibir las primeras atenciones y el alta médica, la niña de 12 años fue reintegrada a su hogar, bajo la custodia de su madre —quien enfrenta imputación por encubrimiento— y en el mismo domicilio donde conviviría con el principal acusado. Esta decisión generó fuerte preocupación y críticas por parte de los familiares.
La tía de la víctima, Mónica, manifestó que la menor “ni siquiera fue escuchada en Cámara Gesell” porque su madre se la llevó inmediatamente después del alta hospitalaria. Según la tía, la niña niega los hechos y señala a un vecino como responsable, pero lo haría “porque tiene miedo”.
En las últimas horas, Mónica y su madre (la abuela denunciante) se dirigían a la Comisaría local para exigir explicaciones y medidas de protección efectivas.
El caso continúa en plena investigación y ha puesto en el centro del debate la efectividad de los mecanismos de protección a la infancia en la provincia ante alertas previas ignoradas.
