En el ecosistema político tucumano, la línea que separa al periodismo de la extorsión a veces se mide en pauta oficial. El caso reciente que envuelve al multimedio El Tucumano —controlado por el clan familiar compuesto por Julio Valenzuela, su hermana Guadalupe y su madre Lía Chambeaud— expone un modus operandi implacable: acorralar mediáticamente a funcionarios recién asumidos hasta forzarlos a ceder ante exigencias económicas desproporcionadas.
Las víctimas de esta última maniobra de asfixia fueron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA), los interventores Bustamante y Norry, quienes debieron ceder ante un apriete mediático que terminó costándole al Estado aproximadamente 190 millones de pesos.
La maniobra de pinzas: Golpear para facturar
A mediados de mayo, las portadas de El Tucumano desataron una cacería furiosa contra la nueva conducción de la CPA. Con titulares incendiarios, el portal denunció un gasto de $1.165 millones en «13 contratos sin concurso», agitó fantasmas de demandas por «seguros truchos» y llegó a insinuar que el entorno de la entidad funcionaba como una «mafia paraestatal».
El ataque no era inocente ni buscaba la transparencia republicana; el timing fue quirúrgico.
Aprovechando el clima de tensión generado por las declaraciones del gobernador sobre la falta de fondos en la provincia, el clan asestó el golpe público con un único fin: sentar a las autoridades de la CPA a negociar bajo presión el blindaje de sus propias contrataciones.
El rescate de los $190 millones
Acorralada por la hostilidad diaria del portal y su brazo radial con Ana Pedraza como figura principal, la nueva gestión de la Caja Popular terminó cediendo a las exigencias para pacificar la pantalla. Se instrumentó el «pago de rescate» a través de adjudicaciones directas que garantizan al grupo una inyección millonaria y constante durante ocho meses (de mayo a diciembre de 2026).
El millonario botín, que ronda los 190 millones de pesos en total, se estructuró a través de las dos firmas del “Clan Valenzuela/Chambeaud” para diluir el impacto:
• Numen S.R.L. (titular de eltucumano.com): Se llevó la mayor parte del acuerdo, asegurando una facturación que supera los 125 millones de pesos fragmentados en cuotas mensuales.
• Hit Media S.R.L. (productora de Radio La Tucumana FM 95.9): Complementó el apriete obteniendo el resto del paquete, con asignaciones que superan los 60 millones de pesos por el mismo período.
La hipocresía en números: El 16% del escándalo.
El dato que desnuda la extorsión radica en la matemática. El Tucumano se rasgaba las vestiduras públicamente por el «escandaloso» gasto de $1.165 millones en 13 nombramientos. Sin embargo, en la mesa de negociación a puertas cerradas, el clan familiar exigió y obtuvo para sí mismo el equivalente a más del 16% de ese mismo monto.
En otras palabras.
Más de una sexta parte del presupuesto que motivaba su indignación y sus denuncias de «mafias» terminó, de forma directa y garantizada, en las cuentas bancarias de las empresas de los Valenzuela/Chambeaud.
El silencio comprado: De «mafia» a la «solidaridad»
El giro editorial que siguió a la firma de los contratos expone crudamente el éxito de la extorsión. Una vez asegurado el flujo de los casi 190 millones, se comenzó a despegar a la nueva gestión de la CPA de la «mafia paraestatal» de la que se habla en las portadas de El Tucumano.
Las agresiones y pedidos de informes fueron reemplazados de la noche a la mañana por gacetillas laudatorias y coberturas complacientes que ahora retratan a la gestión de Bustamante y Norry como un faro de empatía social. Titulares como «Solidaridad con Lamadrid: Caja Popular de Ahorros donará útiles e insumos sanitizantes», «Mil niños de Lamadrid recibieron mochilas» o «Caja Popular reafirma su apoyo a pacientes oncológicos» inundaron la web.
Las autoridades de la Caja Popular pasaron de ser el blanco de una cacería impiadosa a ser celebradas como benefactoras intachables.
El cambio de percepción no fue producto de una mejora administrativa, sino el resultado directo del sometimiento a un esquema donde el periodismo es utilizado como un arma de apriete, y donde la impunidad mediática tiene un precio fijado en decenas de millones al mes.
