La gestión de Osvaldo Jaldo no es una anomalía; es la culminación de un sistema donde la política no es un servicio, sino un trampolín empresarial.
La ética pública en Tucumán ha sido reemplazada por el cinismo del «yo ya era rico antes». Sin embargo, la historia enseña que cuando la brecha entre la opulencia de los gobernantes y la precariedad de los gobernados se vuelve obscena, no hay maquillaje estadístico ni blindaje legal que alcance para contener el juicio de una sociedad profundamente castigada y herida
Tucumán ha perfeccionado, a lo largo de décadas de gobiernos personalistas, una coreografía macabra: mientras las estadísticas oficiales intentan maquillar la miseria con descensos técnicos de pobreza, la élite gobernante expande sus dominios con una impudicia que desafía cualquier estándar de ética pública.
El último capítulo de esta saga lo protagoniza el gobernador Osvaldo Jaldo, cuya reciente adquisición de una propiedad de 300.000 dólares en Tafí del Valle no es solo un dato inmobiliario, sino una bofetada a la realidad de la provincia.
El milagro del «empresario a tiempo completo». Resulta, por decir lo menos, fascinante la capacidad biológica y profesional del mandatario.
Jaldo afirma ser un «productor agropecuario» desde hace 40 años, una actividad que, por una coincidencia estadística digna de estudio, ha florecido en paralelo exacto a su carrera en la función pública. Desde sus días como intendente de Trancas hasta el sillón de Lucas Córdoba, el «Quebrachito tranqueño» parece haber hallado la piedra filosofal: cómo gestionar una provincia en crisis permanente sin que su patrimonio personal sufra una sola rozadura.
Lo más alarmante no es solo la compra de la mansión de fin de semana en el enclave más exclusivo de los valles calchaquíes, sino el mecanismo de financiación.
Osvaldo Jaldo desde una mansión de Tafí del Valle mirando el paisaje. Obtuvo un crédito millonario del Banco Macro, la misma entidad que actúa como agente financiero de la provincia. En cualquier democracia con instituciones medianamente sanas, el hecho de que el gobernador sea un deudor privilegiado del banco que maneja la caja del Estado encendería todas las alarmas de conflicto de intereses. En Tucumán, es simplemente «un trámite privado».
¿Cómo es posible que un funcionario con 25 años en el Estado acumule tal capital sin rendir cuentas?
La respuesta está en el blindaje normativo. Tucumán sigue siendo un feudo de opacidad donde las declaraciones juradas son secretos de Estado custodiados bajo llave, gracias a ley 3981 (desuetuda o sin uso) que la «clase política» se niega a tocar.
Hoy, la negativa de Jaldo a publicar sus bienes bajo el pretexto de que la ley local no lo obliga, lo sitúa en las antípodas de la transparencia que declama su circunstancial aliado nacional, Javier Milei. Jaldo se siente cómodo en ese gris: un peronista «dialoguista» que usa las formas de la libertad para proteger privilegios de casta antigua.
Mientras el gobernador inscribe propiedades a nombre de su sociedad conyugal en los registros inmobiliarios, los informes del INDEC nos hablan de una realidad paralela. Si bien se celebra una baja técnica en la pobreza del Gran Tucumán (del 23,4% al 17,8%), la cifra cruda sigue siendo devastadora: 220.127 tucumanos son pobres.
Dos Tucumanes: El del INDEC y el del Barro
Ese es el Tucumán real: el de las escuelas con techos que se caen, el de los productores del sur que ven sus caminos destrozados y el de las familias que pierden todo cada vez que una lluvia mediana desborda canales sin mantenimiento. Es el Tucumán que mira desde el barro cómo sus gobernantes se retiran a descansar a casas de 2.347 metros cuadrados en Tafí del Valle, financiadas por los mismos bancos que el Estado alimenta.
Jaldo ha comprado una casa, pero ha vendido la poca confianza que le quedaba a un pueblo que ya no cree en sombras ni en «quebrachitos» de escritorio, porque le duele la panza de hambre.
