La Justicia penal de Tucumán investiga un escándalo que parece sacado de una película: presuntas maniobras de falsificación de documentos en el marco de un millonario juicio sucesorio. Dos mujeres que se presentaron como herederas quedaron bajo la lupa tras una serie de denuncias cruzadas, luego de aportar un testamento y un acta matrimonial que habrían sido burdamente adulterados. El expediente involucra 20 valiosos inmuebles y abultados fondos bancarios.
El origen de la disputa se remonta a la vida de Guillermo César Lerner, un hombre nacido en Buenos Aires que, tras radicarse en Tucumán junto a sus padres (Jacobo Lerner y Celia Luisa Cesario), continuó con el legado de una exitosa empresa dedicada a la comercialización de productos de limpieza y químicos industriales.
El 16 de abril de 2021, Guillermo perdió la vida a los 73 años tras contagiarse de Covid-19. Al morir, dejó un patrimonio valuado en aproximadamente U$S 6 millones, compuesto por una millonaria cuenta bancaria y una veintena de propiedades distribuidas en Barrio Norte, el microcentro, Yerba Buena, Los Pocitos y la provincia de Jujuy.
Al no contar con herederos forzosos (ni ascendientes ni descendientes), un conocido de Guillermo, identificado como «H.», alertó al Estado provincial que la herencia estaba vacante.
Según la ley 2.461 vigente desde 1952, en estos casos el Estado reconoce un 50% del patrimonio al denunciante como recompensa, mientras que el otro 50% ingresa a las arcas de la provincia.
Dos supuestas herederas y acusaciones cruzadas
En paralelo a la alerta de «H.», comenzó una feroz batalla judicial. En abril de 2021, una mujer identificada como M.A.B. inició un juicio por sucesión alegando ser la única heredera. Argumentó que trabajaba en la empresa familiar desde 1984, que se había convertido en socia y que mantenía un estrecho vínculo afectivo con los Lerner. Para respaldarlo, presentó un supuesto testamento firmado en junio de 2020 donde Guillermo la instituía como «única y universal heredera».
Sin embargo, cuatro meses después, apareció S.P.C., quien solicitó frenar la sucesión presentando un acta de matrimonio presuntamente firmada con Lerner en 2019, en la localidad de Alpachiri.
A partir de allí, ambas mujeres cruzaron gravísimas acusaciones de fraude: M.A.B. denunció que la firma y el DNI de Guillermo en el acta de matrimonio eran falsos. Por su parte, la supuesta esposa (S.P.C.) retrucó que el testamento era apócrifo, ya que supuestamente había sido firmado un sábado en plena restricción estricta por la pandemia y que la huella dactilar del empresario había sido fraguada.
El pacto sospechoso y la intervención penal
El caso dio un giro insólito. Según explicó el abogado Santiago Martínez López Pondal, representante de «H.», cuando el proceso estaba por someterse a peritajes caligráficos para determinar la falsedad de la firma y la huella, ambas mujeres decidieron dar marcha atrás.
“Ante el peligro de que se declaren los dos documentos falsos y quedarse sin ningún bien, decidieron firmar un convenio donde desistían de las acciones de falsedad y se repartían las propiedades en un 50% para cada parte”, detalló el letrado.
Frente a esta maniobra, «H.» las denunció penalmente. El expediente recayó en la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo de Fernando Blanno. Inmediatamente, la jueza de la sucesión ordenó suspender cualquier autorización de venta de los inmuebles.
“En la causa penal se concretaron varios allanamientos, se secuestraron computadoras y se allanó la librería donde se imprimió una huella digital del fallecido para ser insertada en el testamento. No obstante, una de las partes, en clara desobediencia, decidió vender una valiosa propiedad en avenida Perón y Bascary por U$S 300.000”, advirtió Martínez López Pondal.
La querella adelantó que instará a la Fiscalía de Estado a intervenir de manera activa en ambas causas para confirmar el fraude. «El millonario patrimonio debería ingresar al Estado. Con esas sumas se podrían construir escuelas, dar soluciones habitacionales o crear un albergue para personas en situación de calle en Tucumán», concluyó el abogado.
